Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres llaman la atención sobre violación a los derechos humanos y amenazas a la democracia en América Latina y el Caribe

Nosotras, reunidas en la VI Conferencia Regional de CLACAI, en Quito-Ecuador, vemos con gran preocupación las violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia que viven países de la región.

En relación con Brasil, llama nuestra atención lo que, desde afuera, logramos observar sobre el proceso electoral brasileño imbricado en un contexto marcado por una profunda polarización y el despliegue deliberado del miedo. Dentro del temor vemos resurgir proyectos que se posicionan negando la existencia de un pasado autoritario en Brasil y en la región de América Latina. Durante el actual proceso han proliferado apelaciones directas al autoritarismo y a la violencia en manos del Estado, los fake-news, las declaraciones xenofóbicas, misóginas y homofóbicas que refutan de manera ineludible el principio de protección de minorías, el respeto a la pluralidad y el derecho a divergir.

Las fuerzas dominantes en el proceso electoral no lamentan el hecho de que las fuerzas del Estado en el pasado han matado disidentes y proponen abiertamente la ejecución de quien desobedezca la ley o represente oposición política. Aún más grave parece ser que desde la primera ronda electoral en el país, han ocurrido más de cien episodios de violencia política, habiendo ya, al menos tres víctimas fatales a manos de esta violencia inédita, un hombre negro de Bahía y dos mujeres travesti asesinada en São Paulo. La democracia brasileña está claramente en jaque.

Nuestras organizaciones y el trabajo que realizamos se dirigen a asegurar el acceso de los derechos humanos, específicamente aquellos de las mujeres en América Latina, por lo tanto tenemos un compromiso con la democracia, la libertad, la igualdad social, étnico racial y de género, así como el respeto por la diversidad sexual. Consideramos que el pleno ejercicio de los derechos políticos, como lo es un proceso electoral, requiere un clima de transparencia, seguridad y tolerancia.

Para asegurar estas condiciones instamos a las autoridades nacionales a que garanticen la integridad del proceso electoral, así como responsabilizar a las autoridades partidarias que instiguen a la violencia. Solicitamos al sistema internacional de Derechos Humanos que presten la atención debida al proceso electoral brasileño y que colabore de manera activa con la preservación de la democracia brasileña como pilar de la democracia latinoamericana. En particular solicitamos a la comisión externa de observación del proceso electoral creada por la OEA, que ya ha estado en Brasil en la primera vuelta del ciclo electoral, que en su próxima visita para la segunda vuelta (ballotage) verifique no solo las condiciones institucionales –como la seguridad de las urnas electrónicas – pero, sobre todo, el clima más amplio de violencia política que está caracterizando el proceso electoral en su conjunto.

Así mismo, nos preocupa como la región de Latinoamérica se está enfrentando a retrocesos en Derechos Humanos y a luchas por rescatar la democracia. Nos parece grave la situación de Nicaragua y Venezuela, en donde, adicional a la lucha por resistir la persecución estatal, las amenazas y la estigmatización a las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, se le agrega la emergencia humanitaria de este último. A las compañeras venezolanas, como ciudadanas, cada día se les dificulta más la vida por la emergencia humanitaria que atraviesa su país. La absoluta escasez de medicamentos y, particularmente, de todas las alternativas de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, ha aumentado el embarazo adolescente y la mortalidad materna. Aunado a la crisis del sistema nacional de salud por falta de laboratorios, insumos médicos, materiales y servicios básicas de agua, luz y la ausencia de mantenimiento sanitario, han producido una crisis de migrantes y personas refugiadas -diáspora- que ha ameritado una respuesta de solidaridad internacional.

Quito, 19 de octubre de 2018.